“Es
posible que esta inabdicable decisión de independencia nos obligue a enfrentar
dificultades y riesgos que de otro modo
podrían no existir”
(Juan Velasco
Alvarado. Mensaje a la nación, 28 de
julio de 1970)
El 3 de octubre de 1968 las
Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado, hecho tan constante en la historia
del Perú republicano. La gran mayoría del país, que a lo largo del siglo XX fue testigo de una serie de dictaduras militares que datan desde los inicios de
la república, no se inmutó ante tal hecho; más aún la idea de que la democracia
representativa se vea vulnerada una vez más no era una cuestión primordial en
la agenda política del movimiento popular porque, ya sea en democracia así
como en dictadura, las condiciones materiales de existencia para las grandes
mayorías se mantenían y se legitimaban por la reproducción de las relaciones
serviles que emanaba de la hacienda. Por ello el derrotero político por el que
venían transitando las luchas populares apuntaba a otras formas de poder y de
organización, a saber, el movimiento
obrero (incipiente a principios del siglo XX) las tomas de tierras por el movimiento campesino (focalizadas en
espacios regionales y de clara confrontación contra el poder gamonal) y la insurgencia armada de las guerrillas,
animada por el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).
Pero el día 9 de octubre el nuevo
régimen militar que se autoproclamó revolucionario dio muestras de que la
dictadura militar instaurada hace unos pocos días no era más de lo mismo. La
medida política adoptada fue la expropiación de la IPC (International Petroleum Company) que venía explotando el petróleo
de los yacimientos de “La Brea y Pariñas” (Piura), sin título legal alguno y
ejerciendo un monopolio en desmedro de los intereses de la nación. Tal día, 9
de octubre, fue declarado como el Día de la Dignidad Nacional, porque
el Perú no sólo recuperaba sus recursos controlados por el imperialismo
norteamericano, sino que orientaba una política contra aquella dependencia
económica que impide un desarrollo, no sólo económico, sino también cultural
del país en su conjunto. El filosofo peruano Augusto Salazar Bondy llamó a tal
situación y condición socio-cultural del país como el problema de la reproducción
de una cultura de dominación que
impide la constitución de la nación. Por eso la reproducción ideológica del
nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas acentuó el nacionalismo en función de un
proyecto de país, signado y orientado en el conocido Plan Inca.
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| Sello postal escaneado de la Colección Historia de las revoluciones: La revolución peruana, dirigida por Nicolás Gibelli |
La dignidad nacional que el Perú
le arrancó a su historia republicana pre-velasquista no sólo se focalizó en la
recuperación del petróleo para los intereses de la nación, sino que también marcó
una política internacional en el continente, a saber, la lucha por la autonomía
nacional de los Estados dependientes económicamente del imperialismo
norteamericano. Durante la década del 70 en Latinoamérica, gobiernos como el de
Panamá (con Torrijos), Bolivia (con el Gral. Torres) y del Ecuador (con el
Gral. Rodríguez Lara) anunciaban un rumbo de gobiernos nacionalistas en el
continente. A corto plazo el Perú animó el Pacto Andino en el continente, así
como participó en el eje de los Países No-Alineados para generar un bloque de
poder continental. Además el día de la
dignidad nacional, en el plano económico, implicaba encarar a corto
plazo el necesario problema de la soberanía nacional. Por eso el Perú durante
el Gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado contó con una poderosa Fuerza
Armada moderna, nunca antes vista en su historia republicana, que le permitió
alcanzar el liderazgo del poder militar disuasivo en el continente
latinoamericano.
Sin embargo tal derrotero
nacionalista entró en contradicciones en cuanto a su estructura de poder, no
sólo en lo ideológico, sino en la correlación de fuerzas que ejercen las clases
sociales en su estructura material. En su momento tal problema fue observado
por el historiador Pablo Macera, quien
en 1972 anotó lo siguiente:
“El ejercito
peruano ha olvidado que el apetito se despierta comiendo, y lo quiera o no está
contrayendo un compromiso muy profundo con las masas populares ¿Cuándo y cómo
podrá cumplirlo? ¿Qué ocurrirá si no lo hace?”
Ese compromiso profundo es la
democratización de la sociedad en su conjunto que se impulsó con la medida más
democrática del régimen, a saber, la Reforma Agraria (24 de junio de 1969). Por
eso no es casual que tal hecho histórico sea motejado (no sólo por sus
consecuencias, sino por el hecho mismo) por quienes han venido contraponiendo ideológicamente
un discurso liberal de derecha al nacionalismo reformista de las Fuerzas
Armadas. Para ellos la crítica al autoritarismo del militarismo velasquista no apunta
a los temas de fondo sino a las cuestiones de forma, a saber, la
institucionalidad democrática. El contenido de esa institucionalidad
democrática implicó en la práctica, del ejercicio del poder Estatal, que la
democracia representativa consienta las relaciones de esclavitud durante el
siglo XIX y defienda y reproduzca el servilismo y la semi-feudalidad del poder
de las haciendas durante el siglo XX. Más aún aquel régimen militar reformista
fue visto por quienes perdieron privilegios de clase y de poder económico como una
prolongación de sus miedos. Tal paroxismo a la larga hizo que se olvide el 9 de
octubre como el día de la dignidad nacional.
Históricamente el 9 de octubre no
debe quedar en el olvido. Es necesario recordar que el Perú alcanzó,
transitoriamente, su dignidad como nación. Esa “promesa de la vida peruana” de
la que siempre se hacen exégesis retóricas para la plaza y el salón, tiene
sentido si se toma en cuenta la dignidad, la dignidad nacional que permite el
poder, y que radica en el poder político para dirigir un país como una nación:
La defensa de los intereses nacionales.
[Ahí el mensaje histórico del Gral. Juan Velasco Alvarado cuando se tomó el control de la IPC]
Actualmente el Perú transita por
el derrotero instaurado por el neoliberalismo en el que los intereses
nacionales se supeditan a los intereses privados de las transnacionales. La
recuperación de esa dignidad debe estar en la agenda del movimiento popular, ya
que la dignidad nacional es el sustento moral de las grandes mayorías que aún
anhelan un nuevo país en el que la democracia no sea sólo un significante, sino
una acción práctica, a saber, la conquista de la justicia social y de la
dignidad nacional.
Juan Archi Orihuela
Martes, 09 de octubre de
2012. 